Mar, 03/09/2021 - 06:49
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La Ley 202 establece que la violencia puede tener lugar en la esfera política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación internacional, en la comunidad, en un partido o institución política.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, sancionó ayer lunes, 8 de marzo, una ley que castiga la violencia política y todo tipo de hostigamiento contra las mujeres por razones de género, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Se trata de la Ley 202 de 2021 aprobada por la Asamblea Nacional de Panamá (AN, Parlamento) el 20 de octubre pasado, que modifica otras normas sobre la materia y tipifica la violencia política hacia la mujer como una forma de discriminación en el acceso a oportunidades para ocupar cargos o puestos públicos.
La nueva norma, que lleva la firma de Cortizo y fue promulgada en la Gaceta Oficial del Estado, establece como violencia política las limitaciones a recursos y el acceso a puestos de elección popular o posiciones relevantes en los partidos políticos.
Incluye además aquellas acciones y omisiones, sustentadas en el tema de género y en el ejercicio de los derechos políticos, cuyo objetivo sea menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de estos derechos y las prerrogativas relacionadas con un cargo público.
Esta iniciativa legal fue presentada ante la Comisión Legislativa de la Mujer, la Niñez, la juventud y la Familia de la AN en 2020 por la diputada oficialista Kayra Harding, quien con anterioridad había denunciado por violencia de género a un copartidario suyo y también parlamentario.
La Ley 202 establece que la violencia puede tener lugar en la esfera política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación internacional, en la comunidad, en un partido o institución política, tanto en el ámbito público como el privado.
También contempla que el proceso para investigar y resolver los casos de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo, será expedito, efectivo y confidencial, y no debe exceder los tres meses contados a partir de la denuncia.
Las mujeres víctimas de violencia política gozarán de todos los derechos y garantías procesales reconocidas por la legislación vigente, según la nueva ley.
Entre sus artículos se establece la violencia política contra la mujer en ámbitos familiares, públicos, laborales y que sea tolerada por el Estado o autoridades en periodos electorales.
Se considera violencia política contra la mujer agresiones que causen heridas o la muerte en razón de su actividad política.
Durante la campaña las autoridades electorales protegerán de manera especial a la candidata que haya sido víctima de la violencia política adoptando las medidas correspondientes y también se protege a las candidatas de todos los sectores geográficos incluyendo a las de las comarcas, de acuerdo con la norma. EFE